El lunes en la mañana, la vicepresidenta Francia Márquez se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para un caso de difamación, el más reciente de una larga historia de demandas que ha interpuesto contra quienes la calumnian. Durante la campaña electoral del 2022, antes de ganar las elecciones, la entonces candidata demandó a varias figuras públicas que la insultaron con comentarios racistas o la llamaron guerrillera. La justicia le dio entonces la razón en casi todos los casos. Al llegar al poder, entendió que debía, de acuerdo a la legislación, tolerar algunos golpes en la opinión, por el cargo que ocupó. Ahí frenó sus demandas, a pesar de que recibió comentarios racistas por montarse en helicóptero o hacer un viaje diplomático a África. Pero a finales del mes pasado, ella y su abogado consideraron que un legislador se pasó de la raya: el senador Jota Pe Hernández.
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